Excluir o priorizar a los estudiantes de las universidades públicas y privadas a la hora de realizar sus prácticas sanitarias en los centros públicos parece llegar a su fin. El Tribunal Constitucional establece que es inconstitucional hacer diferencias entre ambos universitarios a la hora de ejercer su derecho a la formación práctica, tal y como ha hecho público al derogar  el veto del Consell de Valencia a las prácticas universitarias de estudiantes de la privada en hospitales públicos, declarando nulo ese aspecto de la Ley de Salud valenciana. Ésta recogía la exclusividad de los estudiantes de las universidades públicas en el uso de los hospitales y centros públicos para la realización de prácticas sanitarias.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado en base a que “la Generalitat ha vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de creación de centros docentes, a la libertad de elección de centro docente y al deber de ayuda a los centros docentes”.

Esta noticia tiene implicación en la Región de Murcia, donde sucede algo parecido al caso de Valencia. La Consejería denunció el acuerdo vigente que existía con respecto a las prácticas en los hospitales de la Región, y dictó un nuevo concierto – actual- que da exclusividad al uso de los hospitales de la capital a los estudiantes de la pública, quedando el Morales Meseguer, Reina Sofía y La Arrixaca vinculados a la Universidad de Murcia, y los de Cartagena (Santa Lucía y Rosell) y Lorca (Rafael Méndez) a la UCAM.

La Universidad Católica San Antonio se vio obligada a firmar este acuerdo, aun sabiendo que vulneraba los derechos de sus estudiantes, para no dejarlos sin prácticas, ya que la resolución judicial tardaría meses y el daño a los alumnos ya habría sido irreparable al privarles de su derecho a realizar las prácticas. Así lo denunció públicamente José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, tras la firma del acuerdo, y que sigue manteniendo actualmente, ahora, avalado por la ley que ha hecho pública el Tribunal Constitucional. "Es muy grave porque no se respetan los derechos de unos ciudadanos que se ven obligados a irse fuera de Murcia para hacer unas prácticas adecuadas en Medicina y desplazarse a 70, 80 y hasta 90 kilómetros. Vamos a luchar con todas las armas para que no lleven a cabo injusticias de esta clase y se respeten nuestros derechos”, afirmó Mendoza.

Por su parte, Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Católica, apunta que la decisión tomada por la Consejería ha supuesto un grave daño para los estudiantes de la Universidad Católica San Antonio y para la sociedad en general.

La sentencia del Constitucional en sus fundamentos jurídicos, señala que la normativa estatal básica se refiere de modo genérico a  las ‘universidades’, “sin distinción alguna entre unas universidades y otras. Además, ha de tenerse en cuenta la especial relevancia que, para la formación educativa de los futuros o de los ya profesionales de las Ciencias de la Salud, tiene las prácticas en instituciones sanitarias”

Asimismo, precisa que las normas básicas “no hacen distinción alguna entre universidades de titularidad pública o privada a la hora de establecer vínculos de relación entre las instituciones universitarias y sanitarias”, precisando que únicamente se establece “el distinto instrumento a utilizar para establecer los acuerdos, distinguiendo entre la modalidad del concierto, para las universidades de titularidad pública, y la del convenio para las de titularidad privada”.

Al respecto de esta sentencia Jerónimo Lajara afirma que ésta reconoce que todos los alumnos son iguales. “Y evidentemente no sólo afecta a la comunidad valenciana, donde se echado de los hospitales públicos a los alumnos de universidades privadas, sino que también afecta a todas las CCAA, en concreto a la Región de Murcia, porque en 2009, un decreto regional legisló que los alumnos de universidades públicas tenían preferencia con respecto a los de las universidades privadas”, asegura, y añade que “ya dijimos en su día que era claramente inconstitucional, que chocaba con el Real Decreto de 2010 de igualdad de estudiantes universitarios, y no se nos hizo caso. Esperamos que después de esta sentencia del Tribunal Constitucional en el Gobierno Regional retiren su decreto, que evidentemente se ha demostrado que es anticonstitucional”.